Cárcel Matamoros en Guatemala

— ¿Se encuentra Duarte en condiciones seguras en el destacamento militar?

— El cuartel de Matamoros es un lugar del Ejército de Guatemala que se ha tenido que utilizar por el sistema de justicia de Guatemala, y en particular por el Ministerio de Gobernación, por el Sistema Penitenciario Guatemalteco, como un centro de privación de libertad, para personas que no han sido condenadas. En consecuencia es un lugar que ofrece las condiciones de seguridad. Dependiendo de los casos, al final son los jueces y el Sistema Penitenciario y Ministerio de Gobernación los que deciden a donde van a enviar a las personas, de quienes el Ministerio Público ha solicitado la orden de aprehensión.

— Ha sucedido que detenidos se suicidan. ¿Temen que se pudiera pasar esto a Duarte?

— No hemos pensado en nada de eso. Hay instituciones que tienen que cumplir su obligación. En este caso, el Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobernación tiene que cumplir con esa parte [velar por la integridad del detenido].

— Se ha informado que la PGR cuenta con 60 días para presentar la solicitud formal de extradición. ¿Qué sigue entonces?

— Esperamos que las autoridades de México nos envían la documentación correspondiente, para que el Ministerio Público de Guatemala comparezca a la audiencia que va a fijar en su momento el órgano jurisdiccional. La persona a extraditar, en este caso el señor Duarte, puede allanarse o no a la solicitud de extradición. Si acepta la extradición el procedimiento será más rápido. De lo contrario, habrá que agotar todo el trámite ante el Tribunal Quinto de sentencia.

— ¿Si Duarte se niega mediante amparos  en cuánto tiempo podría tardar la extradición del ex Gobernador?

— Puede durar algunos meses. No le puedo precisar cuánto porque depende de las incidencias que se den dentro del proceso contra la resolución definitiva, que dicte el Tribunal de Sentencia. Cabe un recurso de apelación, el plazo para interponer este recurso es de tres días. Y en segunda instancia puede durar tres meses, cuatro meses, no hay un plazo que podamos asegurar contra lo resuelto por la sala de apelaciones, confirmando, modificando, la resolución de primer grado. Después, puede proceder una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y conforme lo resuelto puede proceder una apelación ante la Corte de Constitucionalidad. El trámite del amparo puede durar ocho meses, un año, o un poco más.

— Hablando de justicia. Desde México hemos sido testigos de todo lo que pasa en Guatemala y hay grupos civiles que piden una especie de Comisión contra la Impunidad mexicana. ¿Cuál ha sido en el caso Guatemalteco la principal aportación de la Comisión Internacional contra la Impunidad?

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido un mecanismo, una herramienta valiosa porque ha apoyado al Ministerio Público en el fortalecimiento institucional, pero también en la investigación de los diferentes casos. Hemos conformado equipos de trabajo del Ministerio Público con expertos internacionales de Cicig y hemos logrado desarticular estructuras incrustadas en el Estado guatemalteco, particularmente, de corrupción. Trabajamos de la mano, Ministerio Público y la Cicig, los resultados de esta armonía de trabajo en conjunto están a la vista.

– ¿Hubiera podido instalarse la Cicig sin el tomar a bien de la sociedad civil?

– No, definitivamente, no se hubiera instalado la Cicig si la ciudadanía y sociedad civil guatemalteca no participara activamente. Y es justamente una solicitud de sociedad civil guatemalteca hacia el Gobierno la que dio lugar a que se creará la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El papel de sociedad civil va más allá, hasta abril del 2015 [inicio de protestas que derrocaron al ex Presidente Otto Pérez Molina por un caso de corrupción], se ha dado el involucramiento de la ciudadanía guatemalteca en los casos que investigamos y le dan seguimiento a las audiencias. Y hay mucho y constante control de la sociedad civil.